Carlos Willatt
PhD Department of General Education - Humboldt-Universität zu Berlin.
La política educativa opera con ideas implícitas o explícitas de justicia. Esta premisa se hace especialmente patente en tiempos de transformaciones sociales. En Chile los procesos de reforma educativa de las últimas décadas son motivo de acaloradas discusiones en las que no sólo expertos y políticos alzan la voz.
Un amplio sector de la sociedad civil también participa en ellas, intuyendo correctamente que en las determinaciones político-educacionales hay mucho en juego. Pues no se trata simplemente de discutir sobre el modo de distribución de recursos públicos para el sistema educativo. En el fondo, se está decidiendo la suerte de los distintos grupos sociales, los que pueden verse justa o injustamente tratados a través de las políticas públicas. Gracias al movimiento de estudiantes secundarios (“pingüinos”) en 2006 y a las grandes movilizaciones sociales del año 2011, la educación en Chile volvió a estar en el centro de arena política, como tema de debate cotidiano, en medios de comunicación, en instituciones educativas y en otras instancias deliberativas. Desde entonces las demandas populares en torno a una “educación gratuita y de calidad” se han ido articulando como demandas de justicia educativa en una sociedad tremendamente desigual. En este contexto, la justicia educativa puede entenderse como una dimensión fundamental de la justicia social.
En términos generales, las recientes movilizaciones sociales en Chile critican la política educativa neoliberal instaurada durante la dictadura militar (1973-1990), cuestionan sus supuestos y su particular idea de justicia. Quienes defienden la idea neoliberal de justicia educativa insisten en que la educación (de calidad) es un bien escaso que debe ser distribuido según un criterio específico: el mérito. Dado que la noción de educación como “bien de consumo” – propagada por el actual presidente Sebastián Piñera – encuentra un amplio rechazo social, el discurso neoliberal recurre al mantra del mérito, que parece gozar de mayor aceptación en el imaginario del sujeto emprendedor: aquel sujeto que se hace a sí mismo a punta de esfuerzo y trabajo duro. Pero el mérito como criterio de distribución del “bien educación” se opone a la noción de educación como derecho social universalmente garantizado, pues un derecho no puede depender ni del talento ni del esfuerzo individual.
Según el principio meritocrático es, por ejemplo, justo otorgar mejores calificaciones a quien – aparentemente – se esfuerza más. A partir de ello se estima justo seleccionar a los estudiantes según su rendimiento académico, por ejemplo en la admisión a una escuela, bajo el supuesto de que el rendimiento es responsabilidad exclusiva de cada quien. Sin embargo, la propia discusión en torno al mérito muestra que éste es insuficiente como criterio para fundamentar la justicia educativa, toda vez que desconoce las diferencias dadas por el origen social, económico, cultural, étnico, etc.; más aún cuando se trata de una sociedad democrática que se abre paulatinamente a una pluralidad de formas de vida.
En efecto, es inviable equiparar el esfuerzo que hace una persona de un grupo social marginado, de condiciones materiales precarias y con escaso apoyo familiar, con el de una persona que ha crecido en un entorno familiar protegido, con amplias redes de contactos, sin restricciones materiales y con acceso a una pluralidad de bienes culturales. Porque, ¿es acaso el individuo responsable de su origen social, cultural, étnico, etc.? ¿es él responsable de haber nacido con tal o cual característica física o intelectual? Y si fuera responsable, ¿desde qué momento en su vida lo sería?
Considerando, entre otras cosas, que el mérito es un criterio complejo y hasta cierto grado problemático, el segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) impulsó la elaboración y aprobación de la ley de inclusión escolar Nº 20.845. Esta ley regula la admisión de los estudiantes a las escuelas, elimina el financiamiento compartido – que en la práctica condiciona el acceso a éstas según la capacidad de pago de los padres –, y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben recursos del Estado. Se podría decir que esta ley intenta contrarrestar la política educativa neoliberal basada en la ilusión meritocrática del ascenso y la promoción social a través de la educación, que ha devenido más bien en una profundización de la segregación social. La ley de inclusión es ciertamente una normativa susceptible de perfeccionamiento, aunque en su forma actual ya apunta en la dirección correcta, relativizando el mérito en el sistema educativo – sin desconocerlo, pues de hecho existe – y tomando en cuenta otros factores para reconfigurar la justicia educativa en favor de grupos desfavorecidos.
No obstante, desde comienzos de 2019 el actual gobierno de Sebastián Piñera pretende, en una suerte de contraataque, restaurar el principio meritocrático que sustenta la política educativa neoliberal, promoviendo un polémico proyecto de ley denominado “Admisión Justa”. Piñera plantea que sería justo “premiar” el esfuerzo individual, utilizando la retórica simplista de la igualdad de oportunidades: si existe igualdad de oportunidades educativas, el éxito o fracaso escolar dependerá meramente del esfuerzo individual. Evidentemente, este discurso no está interesado en la justicia educativa, sino que, por el contrario, se sirve de la palabra justicia vaciándola de todo contenido.
Pues no se puede hablar de justicia educativa centrándose sólo en el desempeño individual, que termina ocultando las condiciones sociales que lo hacen posible. Así, surge el desafío de diseñar políticas públicas de alcance general discutiendo las interrelaciones particulares entre lo individual y lo social, evitando el uso reduccionista de criterios como el mérito que, a pesar de ser un principio importante en procesos educativos, no da cuenta de la complejidad de la realidad y en su uso ideológico – como muestra la administración piñerista – impide dimensionar las diversas manifestaciones del fenómeno de la justicia.
